La deuda del régimen castrista: ¿Responsabilidad del pueblo cubano?
Desde 1959, el régimen castrista ha acumulado una deuda externa que hoy asciende a miles de millones de dólares, gran parte de la cual permanece en mora. Esta situación no solo ha generado debates sobre las implicaciones económicas para Cuba, sino también sobre un tema más profundo: ¿es esta deuda una obligación legítima del pueblo cubano? La respuesta, basada en principios jurídicos e históricos, es clara: no lo es.
¿Qué es la deuda odiosa?
El concepto de deuda odiosa surge en el derecho internacional como una herramienta para proteger a los pueblos de las cargas económicas impuestas por regímenes autoritarios o ilegítimos. Según esta doctrina, una deuda es considerada odiosa si:
Fue contraída por un régimen que no representaba legítimamente a su pueblo.
Los fondos obtenidos no beneficiaron al bienestar de la población.
El pueblo, al recuperar su libertad, no debe ser responsable de una deuda que se usó para reprimirlo o para fines ajenos a su desarrollo.
El régimen castrista cumple con cada uno de estos criterios. Desde su inicio, operó fuera de la legitimidad constitucional, utilizando la deuda para sostener un aparato represivo y perpetuar su poder. Esta deuda no solo no benefició al pueblo cubano, sino que lo hundió en una crisis económica y social que se ha agravado durante décadas.
La ruptura de la continuidad jurídica
La deuda emitida por el Banco Nacional de Cuba (BNC) antes de 1959 bajo la Constitución de 1940 era legítima, pues fue contraída dentro de un marco constitucional democrático. Sin embargo, tras la llegada del régimen castrista, la continuidad jurídica del BNC fue rota. En 1976, este banco dejó de existir como entidad constitucional, y sus funciones fueron transferidas al Banco Central de Cuba (BCC), bajo las reglas del socialismo. Esto significa que:
Las deudas contraídas por el régimen castrista no están vinculadas a las obligaciones legales establecidas por la Constitución de 1940.
Cualquier deuda emitida después de 1959 debe considerarse como producto de un régimen ilegítimo, sin representación real del pueblo cubano.
¿Debe el pueblo cubano pagar esta deuda?
Un gobierno constitucional restaurado en Cuba, basado en la Constitución de 1940, no debe asumir la deuda del régimen castrista. Estas son las razones:
Deuda ilegítima: Fue contraída por un régimen que usurpó el poder y gobernó sin el consentimiento del pueblo.
Uso opresivo de los fondos: Gran parte de esta deuda se utilizó para financiar la represión, mantener un sistema de control político y económico, y perpetuar la dictadura.
Falta de representación: El pueblo cubano no tuvo voz ni voto en la emisión de estas deudas.
Lecciones de otros países
Existen precedentes históricos que respaldan esta posición. Países como:
Irak: Tras la caída de Saddam Hussein, la comunidad internacional reconoció que gran parte de la deuda contraída por su régimen era odiosa y no debía ser asumida por el pueblo iraquí.
Ecuador: En 2008, el gobierno declaró parte de su deuda externa como ilegítima tras una auditoría que demostró su uso indebido.
Estos ejemplos demuestran que un futuro gobierno democrático en Cuba podría rechazar estas obligaciones apelando a principios de justicia internacional.
¿Qué debe hacerse?
Restablecer la Constitución de 1940 en Cuba no solo significa recuperar el estado de derecho, sino también proteger al pueblo cubano de una carga económica que no le pertenece. Las acciones necesarias incluyen:
Auditoría de la deuda: Identificar qué parte de la deuda externa fue legítima y cuál es odiosa.
Negociación internacional: Impugnar las deudas odiosas en tribunales internacionales y buscar el apoyo de otros países y organismos.
Defensa jurídica: Argumentar que la deuda castrista no cumple con los principios de legitimidad y representación necesarios para ser reconocida como una obligación del Estado cubano.
Conclusión
La deuda del régimen castrista no es una carga que deba asumir el pueblo cubano. Como parte del proceso de restauración democrática y constitucional, es esencial que se reconozca esta deuda como lo que es: odiosa, ilegítima y producto de una dictadura que traicionó los intereses de la nación. Un futuro gobierno libre y constitucional tiene el deber de liberar a los cubanos de esta carga, permitiéndoles construir una nueva Cuba basada en justicia, libertad y prosperidad.
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